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El exministro socialista José Luis Ábalos se presenta como víctima de una investigación clandestina y afirma que ha tenido que defenderse "a ciegas" ante las acusaciones que lo rodean en el caso de las mascarillas.
Ábalos niega haber participado en los hechos por los que se sentará en el banquillo, pero sostiene que se le han impuesto cargos sin una investigación justa y que ha sido objeto de "persecución política".
Entre sus alegaciones más destacadas se encuentran las acusaciones de cobro de mordidas por parte del empresario Víctor de Aldama, al que Ábalos describe como el "nexo corruptor" de la trama.
El exministro sostiene que su relación con Aldama fue para recibir pagos a cambio de comisiones, pero afirma que estos pagos no fueron directamente de Aldama y que más bien los recibió de terceros.
Ábalos también niega las dádivas que le atribuyen las acusaciones, como el chalet de Cádiz al que disfrutó en el verano de la pandemia, por lo que sostiene que fue un alquiler con derecho a compra del que abonó tres mensualidades y se desahució porque no abonó el resto.
En este sentido, Ábalos afirma que su dinero tiene tres orígenes: sus ingresos oficiales como cargo público, las dietas o anticipos que recibía como miembro de la Ejecutiva del PSOE y los "préstamos" que le hacía Koldo García al abonar algunos de sus gastos.
El exministro sostiene que se ha vulnerado su derecho a la defensa y a un juicio equitativo, ya que se le impidió analizar evidencias digitales clave y se le copiaron 26 piezas de hardware sin presencia de su abogado en el registro de su vivienda.
La UCO concluyó en uno de sus informes que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario, dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos y pagar joyas y flores a una de sus exparejas.
Por todo esto, el exministro sostiene que debe ser absuelto de las acusaciones y pide que se declare como testigos varios ministros y políticos para desmontar la trama.
Ábalos niega haber participado en los hechos por los que se sentará en el banquillo, pero sostiene que se le han impuesto cargos sin una investigación justa y que ha sido objeto de "persecución política".
Entre sus alegaciones más destacadas se encuentran las acusaciones de cobro de mordidas por parte del empresario Víctor de Aldama, al que Ábalos describe como el "nexo corruptor" de la trama.
El exministro sostiene que su relación con Aldama fue para recibir pagos a cambio de comisiones, pero afirma que estos pagos no fueron directamente de Aldama y que más bien los recibió de terceros.
Ábalos también niega las dádivas que le atribuyen las acusaciones, como el chalet de Cádiz al que disfrutó en el verano de la pandemia, por lo que sostiene que fue un alquiler con derecho a compra del que abonó tres mensualidades y se desahució porque no abonó el resto.
En este sentido, Ábalos afirma que su dinero tiene tres orígenes: sus ingresos oficiales como cargo público, las dietas o anticipos que recibía como miembro de la Ejecutiva del PSOE y los "préstamos" que le hacía Koldo García al abonar algunos de sus gastos.
El exministro sostiene que se ha vulnerado su derecho a la defensa y a un juicio equitativo, ya que se le impidió analizar evidencias digitales clave y se le copiaron 26 piezas de hardware sin presencia de su abogado en el registro de su vivienda.
La UCO concluyó en uno de sus informes que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario, dinero que utilizó para sufragar la pensión alimenticia de uno de sus hijos y pagar joyas y flores a una de sus exparejas.
Por todo esto, el exministro sostiene que debe ser absuelto de las acusaciones y pide que se declare como testigos varios ministros y políticos para desmontar la trama.