CharlaDelSurX
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Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones militares en el mar Caribe bajo la excusa de combatir al narcotráfico. Sin embargo, la verdadera naturaleza del conflicto sigue siendo un misterio. Según la Administración de Trump, las operaciones se llevaron a cabo en aguas internacionales contra personas que transportaban drogas hacia Estados Unidos y que pertenecían a grupos criminales.
Pero Washington carece de pruebas para respaldar esa versión. En su lugar, siguen surgiendo interrogantes como la identidad y nacionalidad de la gran mayoría de las personas asesinadas, que se describen como soldados enemigos en una zona de guerra, sin que haya sospechas de delitos.
Hasta ahora, solo dos hombres, un colombiano y otro ecuatoriano, han sido enviados a sus países para ser detenidos y procesados tras sobrevivir a un nuevo ataque contra un submarino que transportaba fentanilo. Aunque el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó la llegada del sobreviviente Jeison Obando Pérez, su ministro del Interior Armando Benedetti precisó que fue devuelto sedado y con respiración asistida por un traumatismo craneoencefálico y varias heridas.
La pregunta sigue siendo: ¿por qué Estados Unidos envió a los sobrevivientes de vuelta a sus países en lugar de procesarlos en su propio territorio? La respuesta es compleja. Según el experto en derecho internacional, Fabián Cárdenas, "está prohibido matar a una persona aunque sea un criminal", lo que significa que estos ataques violan indiscutiblemente el derecho internacional.
Aunque hipotéticamente se hubiera confirmado que eran narcotraficantes, habrían sido procesados en Estados Unidos. Esto implicaría una pena de muerte y no se puede asesinar a un criminal. Habría que capturarlo y darle derecho al debido proceso y, si es el caso, luego encarcelarlo o extraditarlo.
La decisión de Estados Unidos de enviar a los sobrevivientes de vuelta directamente sin seguir ningún procedimiento judicial interno y eventual extradición puede ser vista como un ejercicio de poderío militar y político. El experto sostiene que tal actitud es "inaceptable" y que uno de los mecanismos más adecuados para abordar esta situación sería crear una comisión investigadora independiente y mixta con la participación de varios Estados.
Además, se podría acudir a la justicia estadounidense a través de la Alien Tort Statute (ATCA), una ley federal que permite a extranjeros presentar demandas civiles en tribunales de EEUU por violaciones al derecho internacional o al derecho de las naciones. Según Cárdenas, esa sería una "posible salida" para abordar esta situación y determinar la responsabilidad de Estados Unidos.
Pero Washington carece de pruebas para respaldar esa versión. En su lugar, siguen surgiendo interrogantes como la identidad y nacionalidad de la gran mayoría de las personas asesinadas, que se describen como soldados enemigos en una zona de guerra, sin que haya sospechas de delitos.
Hasta ahora, solo dos hombres, un colombiano y otro ecuatoriano, han sido enviados a sus países para ser detenidos y procesados tras sobrevivir a un nuevo ataque contra un submarino que transportaba fentanilo. Aunque el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó la llegada del sobreviviente Jeison Obando Pérez, su ministro del Interior Armando Benedetti precisó que fue devuelto sedado y con respiración asistida por un traumatismo craneoencefálico y varias heridas.
La pregunta sigue siendo: ¿por qué Estados Unidos envió a los sobrevivientes de vuelta a sus países en lugar de procesarlos en su propio territorio? La respuesta es compleja. Según el experto en derecho internacional, Fabián Cárdenas, "está prohibido matar a una persona aunque sea un criminal", lo que significa que estos ataques violan indiscutiblemente el derecho internacional.
Aunque hipotéticamente se hubiera confirmado que eran narcotraficantes, habrían sido procesados en Estados Unidos. Esto implicaría una pena de muerte y no se puede asesinar a un criminal. Habría que capturarlo y darle derecho al debido proceso y, si es el caso, luego encarcelarlo o extraditarlo.
La decisión de Estados Unidos de enviar a los sobrevivientes de vuelta directamente sin seguir ningún procedimiento judicial interno y eventual extradición puede ser vista como un ejercicio de poderío militar y político. El experto sostiene que tal actitud es "inaceptable" y que uno de los mecanismos más adecuados para abordar esta situación sería crear una comisión investigadora independiente y mixta con la participación de varios Estados.
Además, se podría acudir a la justicia estadounidense a través de la Alien Tort Statute (ATCA), una ley federal que permite a extranjeros presentar demandas civiles en tribunales de EEUU por violaciones al derecho internacional o al derecho de las naciones. Según Cárdenas, esa sería una "posible salida" para abordar esta situación y determinar la responsabilidad de Estados Unidos.