La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dado una advertencia a Israel, afirmando que no puede bloquear el acceso de ayuda a Gaza. El tribunal consideró que el impedimento "sustancial" por parte de Israel al acceso de ayuda humanitaria a la Franja ha tenido consecuencias catastróficas para la población civil.
Según el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda humanitaria, incluso si no hay evidencia de que los empleados de la UNRWA pertenezcan a organizaciones terroristas. El tribunal también ordenó a Israel garantizar las necesidades básicas de la población civil y permitir el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los palestinos detenidos en cárceles israelíes.
La Corte señaló que el traslado forzoso o la deportación de civiles de un territorio ocupado está prohibido por el derecho internacional, incluso cuando las condiciones de vida sean tan intolerables que obliguen a las personas a marcharse. El tribunal también recordó que el uso del hambre y de los bienes esenciales para la supervivencia de la población como arma constituye un crimen de guerra según el derecho internacional.
El Gobierno palestino celebró la decisión, aunque advirtió que Israel no cumplirá ni asumirá las responsabilidades dictadas por la CIJ. El embajador palestino Ammar Hijazi afirmó que "ha llegado el momento de que la comunidad internacional esté a la altura del desafío" y denunció la "campaña destinada a socavar" a la UNRWA.
Por su parte, Israel rechazó de plano la opinión consultiva de la CIJ, calificándola de "intento político" de imponerle medidas bajo el pretexto del derecho internacional. El Ministerio de Exteriores israelí aseguró que el tribunal debería haber denunciado la "actividad terrorista" de la agencia en Gaza y recordó que entregó a la ONU "amplias pruebas" sobre su presunta implicación en el ataque del 7 de octubre de 2023.
Según el presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, Israel tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda humanitaria, incluso si no hay evidencia de que los empleados de la UNRWA pertenezcan a organizaciones terroristas. El tribunal también ordenó a Israel garantizar las necesidades básicas de la población civil y permitir el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los palestinos detenidos en cárceles israelíes.
La Corte señaló que el traslado forzoso o la deportación de civiles de un territorio ocupado está prohibido por el derecho internacional, incluso cuando las condiciones de vida sean tan intolerables que obliguen a las personas a marcharse. El tribunal también recordó que el uso del hambre y de los bienes esenciales para la supervivencia de la población como arma constituye un crimen de guerra según el derecho internacional.
El Gobierno palestino celebró la decisión, aunque advirtió que Israel no cumplirá ni asumirá las responsabilidades dictadas por la CIJ. El embajador palestino Ammar Hijazi afirmó que "ha llegado el momento de que la comunidad internacional esté a la altura del desafío" y denunció la "campaña destinada a socavar" a la UNRWA.
Por su parte, Israel rechazó de plano la opinión consultiva de la CIJ, calificándola de "intento político" de imponerle medidas bajo el pretexto del derecho internacional. El Ministerio de Exteriores israelí aseguró que el tribunal debería haber denunciado la "actividad terrorista" de la agencia en Gaza y recordó que entregó a la ONU "amplias pruebas" sobre su presunta implicación en el ataque del 7 de octubre de 2023.